Periódico Noticias Hoy
Autoría Asociación de Residentes Médicos de México.
Se hace un llamado a las autoridades de la Secretaría de Salud,
facultades de medicina e instituciones educativas de salud.
Nos dirigimos a ustedes en un momento
crítico para la educación médica y las ciencias de la salud en México. Alzamos
la voz para denunciar que, por años, la comunidad estudiantil, pasantes de
servicio social y médicos residentes hemos sido expuestos a violencia de
género, acoso laboral extremo, falta de condiciones de seguridad en zonas de
riesgo, abuso de poder y arbitrariedad en los procesos coordinados por la Comisión
Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS).
Hoy decimos ¡YA BASTA! No
podemos seguir guardando silencio ante un sistema hostil que ignora la
integridad física, la salud mental y la vida de quienes nos preparamos para
cuidar a la sociedad. Ese sentimiento se está gestando en todo el país desde
dentro de la institución más antigua y hasta ahora hermética en salud pública. Y
aunque en el ambiente médico es común escuchar la frase “bata blanca no
come bata blanca”, nunca debería ser utilizado como mecanismo de
chantaje o represión y mucho menos en contra de Médicos en Formación.
Los trágicos hechos sistemáticos
acontecidos a lo largo del país nos obligan a levantar la voz, es por ello que
mencionamos los siguientes casos para que no los olvide la autoridad y exigir
justicia:
- El caso de Karla Margarita Pérez
Jiménez, médica hallada sin vida en Jalisco (Hospital Regional No.
46 del IMSS), un hecho que pone de manifiesto la falta de garantías de
seguridad, la sobrecarga laboral y la desprotección en la que laboran los
médicos residentes.
- El caso del médico residente Luis
Abraham Reyes Vázquez en Monterrey, quien se quitó la vida tras
denunciar situaciones extremas de sobrecarga, acoso laboral y humillación sistemática dentro del hospital, demostrando cómo la violencia psicológica
institucional vulnera la salud mental de las y los médicos en formación.
- El asesinato del pasante Eric
Andrade Ramírez de 24 años en Pueblo Nuevo, Durango, atacado mientras prestaba servicio social atendiendo a un paciente en el
hospital integral de El Salto, en condiciones de desprotección total. El
caso conmocionó a familiares y a la comunidad de residentes, obligando a las
autoridades a esclarecer el caso y exigir seguridad para quienes prestan
servicio médico.
- El feminicidio de la pasante Mariana Sánchez Dávalos en Ocosingo, Chiapas, quien denunció acoso
sexual previo ante las autoridades educativas y de salud sin recibir
respuesta ni reasignación de plaza, lo que provocó la indignación y
preocupación de pasantes y estudiantes a nivel nacional.
- El caso del pasante Jorge
Alejandro López Rivas en el Estado de México, fallecido tras ser obligado a
laborar sin las condiciones mínimas ni insumos de protección durante su
guardia.
- Los tres casos registrados en
Baja California, evidencian la vulnerabilidad
constante a la que son expuestos los
estudiantes y pasantes en sus asignaciones, casos que se tienen ocultos por la
misma autoridad ya que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló
que esta situación se ubica dentro de una problemática estructural que persiste
en las instituciones donde se forman los especialistas.
- Las agresiones, amenazas de
extorsión y delincuencia organizada registradas en zonas rurales y de alto
riesgo en estados como Zacatecas, Michoacán y la zona serrana de Jalisco, donde
los pasantes son enviados sin seguridad ni garantías mínimas para su vida.
La postura indolente
e inacción de las autoridades de salud, en particular de la Dra. Magdalena
Delgado Bernal, titular en la Dirección de Educación en Salud (DGCES). A
pesar de las constantes quejas, denuncias públicas y señalamientos de abusos
dentro de los centros hospitalarios, la Dra. Magdalena Delgado Bernal actúa como si nada pasara y pretende proyectar una imagen de normalidad y
control impecable en su cargo. Esta simulación institucional invisibiliza el
sufrimiento de miles de médicos en formación y perpetúa la impunidad de las
autoridades hospitalarias que ejercen violencia de poder.
Se señala
directamente la protección política que resguarda a la Dra. Magdalena
Delgado Bernal quien, de voz propia, ha mencionado la protección a través
de figuras con peso institucional como la Lcda. Sally Jaqueline Pardo Semo,
Jefa de Unidad de Asistencia e Integración Social del DIF y familiar directa
(tía) de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha impedido que se sea
removida del cargo a pesar de todas las denuncias que no han salido a la luz,
amenazando a la autoridad. Esta red de influencias y encubrimiento impide que
se apliquen sanciones reales, blindando a los mandos responsables ante la
exigencia de justicia de la comunidad médica.
Las facultades de medicina y las
instituciones educativas no pueden ser complicidad ni meros espectadores ante
la explotación laboral disfrazada de "formación académica". Exigimos
que las escuelas ejerzan su responsabilidad ética, jurídica y humana para
respaldar activamente a sus comunidades estudiantiles.
Hacemos un llamado de exigencia a las
instituciones para asumir los siguientes compromisos:
- Auditoría y transparencia en la
CIFRHS: Apertura de procesos, claridad en la asignación de plazas y canal seguro para
la revisión imparcial de inconformidades sin represalias académicas.
- Retiro inmediato de plazas en zonas
de alto riesgo y hospitales abusivos: Cancelación de campos clínicos o de
servicio social en zonas dominadas por la violencia o en centros donde se
documenten guardias de castigo y hostigamiento.
- Exigencia de rendición de cuentas a
la Dra. Magdalena Delgado Bernal y directivos: Exigir que la dirección de educación
en salud deje la postura de negación y responda públicamente con un plan
concreto de sanción contra los agresores e inspectores de enseñanza que solapan
estos abusos.
- Protocolos de salud mental y
protección efectiva: Atención psicológica externa, respeto estricto a las
jornadas máximas de trabajo y canales de denuncia confidenciales.
Urge la intervención directa de la
Presidenta Dra. Claudia Sheinbaum Pardo para desarticular los vicios
heredados de gestiones anteriores, sanear las dependencias encargadas de la
educación en salud y garantizar la seguridad de la comunidad médica.
Alcemos la voz por quienes han sido
silenciados y por quienes hoy exigen condiciones éticas, dignas y seguras para
ejercer la medicina en México. Alzar la voz no es traición, ¡es dignificar
la profesión!, somos médicos residentes unidos.
Atentamente, Comunidad Estudiantil y Médica en
Formación por la Dignidad y la Justicia